¡¡¡PRESIDENTE Y ESPERAMOS 7 AÑOS PARA SABER QUÉ DECIDE LA CORTE PENAL INTL!!!

Parece que el presidente Uribe está muy, muy, muy mal asesorado en lo que tiene que ver con el manejo de las demandas ante la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque efectivamente este tribunal sirve para enjuiciar a personas viculadas con crímenes de lesa humanidad, el genocidio, crímenes de guerra y el delito de agresión, es claro que no es el organismo más expedito para conseguir soluciones a problemas urgentes como el que viven hoy Colombia y Venezuela.

Para la prueba el caso de Slobodan Milosevic, quien esperó cuatro años antes de su muerte la resolución de su acusación de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional y no alcanzó a conocer la decisión. Es decir, si Uribe pone ahora la demanda, ¿cuándo se conocerá una decisión final? ¿en el 2012 ya cuando vayamos por la mitad del tercer periodo?

La solución al problema diplomático entre nuestros países debe ir más allá de buscar acusar al mandatario vecino, de intentar hacer quedar al otro mal, que es la estrategia que se ha utilizado hasta el momento, sobre todo con la presentación de documentos y fotos del computador de Raúl Reyes. Se tiene que avanzar a un plano donde la discusión supere los personalismos, que se tomaron el problema y ahora no se habla de Colombia y Venezuela, sino de Chávez y Uribe.

Tal vez más reflexivo ha sido Correa que inició gira diplomática de urgencia para buscar apoyo. ¿Y nuestra cancillería? Nuestro Flamante ministro-simbolo-de-la-libertad, ¿dónde anda?

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COLETILLA: En respuesta a la pregunta que plantea el Oyerista, efectivamente el artículo 13 del Estatuto de Roma (que le da vida a la CPI) determina que un Estado puede presentar demanda contra cualquier persona que haya cometido genocidio, crimenes de lesa humanidad, crimenes de guerra o haya incurrido en el delito de agresión.

Ahora, me queda la duda es si el patrocinio a genocidas puede también ser juzgado por la CPI. Digamos que el concepto de "patrocinadores" o "auspiciantes" no está determinado en el Estatuto.